La represión a los jubilados y jóvenes que protestaban contra las reformas al INSS fue la causa por la que Orlando y su familia se sumaron a la marcha del 20 de abril en Estelí. La manifestación fue  atacada por la Policía y grupos de choque, que provocaron la dispersión de los protestantes. Orlando, que junto a otras personas había logrado llegar al Parque Central, acarreaba agua para los estudiantes afectados por los gases lacrimógenos cuando recibió un disparo en el tórax. Sus compañeros lo llevaron al hospital San Juan de Dios, al que ingresó ya sin vida.

Tras su asesinato, su madre salió a protestar llevando una pancarta con la foto de Orlando en una mano y flores en la otra. Testigos y familiares aseguran que los disparos salieron de la alcaldía de Estelí. Esta presunción fue presentada ante la Policía la noche del crimen, pero las autoridades se negaron a recibir la denuncia y el joven fue enterrado sin mayor investigación. Diez días después, debido a la presión familiar, la Fiscalía accedió a exhumar su cadáver para realizar una autopsia. Un trauma más para la madre, quien considera que esa investigación fue un montaje: “Vinieron a levantar una escena del crimen cuando ya no quedaban ni rastros de sangre”.

Orlando era fanático del FC Barcelona y nunca se quitaba su camiseta. “Aunque estuviera húmeda en el tendedero, así se la ponía”, recuerda su mamá, que no dudó en vestirlo con esa ropa el día de su despedida.

Según Socorro Corrales, el 12 de diciembre de 2018 policías detuvieron a familiares que visitaban el cementerio en ocasión del 25 cumpleaños de Orlando: “El comisionado Alejandro Ruiz Martínez ha convertido en delito poner flores en la tumba de mi hijo”, afirma.

Después del asesinato, los Pérez Corrales sufrieron maltrato de parte de los investigadores del caso. Distintos episodios de acoso y persecución obligaron a varios miembros de la familia a abandonar el país.